Publication externe

Le député européen Pierre Larrouturou en grève de la faim pour la santé, le climat et l’emploi

Le député européen Pierre Larrouturou en grève de la faim pour la santé, le climat et l’emploi 800 450 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Par Claire Stam Euractiv France Dans une démarche inédite, l’eurodéputé français, rapporteur général du budget pour le Parlement européen, entame ce lundi 9 novembre son 13eme jour de grève de la faim. Son objectif : parvenir à plus de moyens pour la santé, le climat et l’emploi en taxant les transactions financières. « Il est obscène d’entendre…

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/le-depute-europeen-pierre-larrouturou-en-greve-de-la-faim-pour-la-sante-le-climat-et-lemploi/

Massive mobilisation des entreprises et des investisseurs pour protéger la biodiversité, lors du sommet des Nations unies

Massive mobilisation des entreprises et des investisseurs pour protéger la biodiversité, lors du sommet des Nations unies 707 471 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Par Béatrice Héraud  Novethic Malgré l’épidémie de Covid-19, le sommet des Nations unies sur la biodiversité du 30 septembre a permis de remobiliser les troupes. En seulement quelques jours, de nouvelles coalitions ont vu le jour et d’autres se sont renforcées. L’enjeu est que l’effondrement des écosystèmes soit mesuré et traité par les acteurs avec…

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/biodiversite-les-coalitions-d-entreprises-et-d-investisseurs-se-multiplient-pour-mieux-proteger-les-ressources-naturelles-149051.html

Lecciones de la pandemia para combatir la emergencia climática

Lecciones de la pandemia para combatir la emergencia climática 806 419 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Brigitte Van Gerven y Emilio de las Heras

Brigitte Van Gerven de CCL Belgium et Emilio de las Heras de CCL Espana évoquent dans cet article d’El Païs les implications de la crise économique et l’engagement citoyen.

EL PAÏS

La pandemia causada por la Covid-19 es una crisis global como el mundo no había conocido en mucho tiempo. En los países ricos, el desempleo y las quiebras de empresas se han disparado y la economía ha experimentado el mayor declive desde la Gran Depresión de 1930. En los países en desarrollo, la situación es todavía peor y millones están sufriendo pobreza y hambrunas.

Simultáneamente, hay otra crisis que planea sobre nuestras cabezas y que tendrá un impacto muy superior sobre la humanidad: la crisis climática.

Ambas tienen características de sorprendente parecido:son globales; muestran su poder destructivo un tiempo después del contagio; es necesaria la colaboración de todos los países; se apoyan en una Ciencia consolidada; son atacadas por populismos y negacionismos; ambas necesitan medidas impopulares para resolverlas; y los gobiernos deben desempeñar un papel clave.

¿Podemos extraer algunas lecciones de la pandemia para afrontar la crisis climática? Ésta es la tesis de este artículo científico (Five Lessons from Covid-19 for Advancing Climate Change Mitigation) publicado por Klenert y otros en el Environmental and Resource Economics.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Lección 1. El retraso es carísimo

Los países que reaccionaron pronto y tomaron las medidas necesarias no sólo sufrieron menos contagios y muertes, sino que sus economías también han padecido menos y pueden recuperar mucho antes sus formas de vida.

Igualmente, en la crisis climática, todo retraso en la mitigación será tremendamente costoso. No podemos darnos el lujo de esperar a que los peores efectos de un cambio abrupto del clima se manifiesten en nuestros países.

El lentísimo proceso de toma de decisiones de muchos gobiernos que hemos visto ante la Covid-19 tiene su similitud en la crisis climática.

Otra diferencia, terrible para el caso del cambio climático, es lo que podríamos llamar el periodo de incubación. En la Covid-19 es de unos 14 días. Parece poco, pero es clave para facilitar su propagación. Ese periodo, para el clima, puede llegar a los 30 años. Para cuando se muestren los peores efectos, como cambios climáticos abruptos e irreversibles, será demasiado tarde para intervenir. No habrá UCI’s climáticas para toda la población y no habrá vacuna posible. Por eso, es vital tomar acciones decididas y ambiciosas YA.

Lección 2.- Hay que involucrar a la ciudadanía

El apoyo popular a las medidas de mitigación depende extraordinariamente de cuán seria es la amenaza percibida.

En lo relativo a afrontar la crisis climática, la gente está menos dispuesta a hacer sacrificios porque considera esta amenaza menos inmediata que la de la Covid-19: (a) la crisis climática es un problema más exponencial que la Covid. Incluso podría llegar a ser discontinuo (si alcanzamos algún punto de no retorno, irreversible); (b) además, para mucha gente el cambio climático es un fenómeno vago y algunos creen que nunca afectará sus vidas. Y que, “cuando ocurra, ya lo arreglarán…”; y (c) por último, el clima ha sido bastante estable a lo largo de los últimos 10.000 años. No tenemos memoria histórica de haber experimentado ningún fenómeno de cambio climático catastrófico. Por tanto, infravaloramos las consecuencias de tal catástrofe.

Hay que hacer que las personas entiendan la seriedad del peligro; mostrar las consecuencias del cambio climático de manera concreta y su causa indiscutible: la acumulación de gases de efecto invernadero generados por la actividad humana. Igualmente, hay que despolitizar el debate sobre el clima. Es clave diseñar legislaciones que sean atractivas tanto a la derecha como a la izquierda si queremos que la lucha contra la amenaza del clima pueda tener recorrido legislativo.

Lección 3.- Reducir la desigualdad

La Covid-19 ha arrasado a países ricos y, desproporcionadamente, a los pobres. Es evidente que, en la crisis climática, también los pobres sufrirán los peores impactos, a la vez que tendrán menos recursos para adaptarse a un mundo diferente, más cálido y seco, con menos recursos agrícolas y pesqueros.

Medidas tomadas por algunos gobiernos para reducir las emisiones, como un impuesto al CO2, también afectan desproporcionadamente a las familias pobres (¿chalecos amarillos?). Afortunadamente, hay una solución: el 100% de la recaudación debe ser usado para reducir otros impuestos regresivos o, mejor aún, repartirlo linealmente entre la ciudadanía en lo que se conoce como renta climática. Esto reduce la desigualdad y aumenta el apoyo popular a favor de la legislación en este ámbito.

La ciudadanía solo apoyará medidas que perciba como justas.

Lección 4.- Los problemas globales necesitan cooperación global y local

Al principio, el problema de la Covid-19 era o bien negado o bien minimizado. En una segunda fase, cada país tomó sus propias medidas, cerrando fronteras, incrementando la fabricación local y compitiendo por los suministros médicos. En una tercera fase, vemos más cooperación: compartimos recursos y conocimiento. En una cuarta fase, esperemos ver una mayor cooperación global en la fabricación y distribución de las vacunas…

Podemos ver estas mismas fases en la necesaria cooperación internacional contra la amenaza climática. Inicialmente, muchos países negaban la existencia del problema (generalmente, los productores de hidrocarburos). Después, muchos países adoptaron medidas que tuvieran beneficios para ellos mismos. Muchas naciones europeas están en la tercera fase, colaborando para sacar adelante el Plan Europeo de Crecimiento Verde o el Plan Verde de Recuperación post-Covid. Debemos llegar a la cuarta fase.

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¿Cómo podemos acelerar la cooperación global efectiva? Los países que ya están comprometidos en compartir conocimiento, tecnologías y recursos deben fomentar acuerdos bilaterales o multilaterales para reducir las emisiones de gases; formando coaliciones de países dispuestos a colaborar, sin esperar a tratados internacionales.

Por otro lado, la respuesta contra la Covid-19 ha sido muy variada dependiendo del espectro político. Igualmente, en el debate climático se ve la misma división entre derecha e izquierda en la mayoría de países. Líderes y creadores de opinión de ambos lados tienen la obligación de buscar la cooperación en posibles medidas legislativas aceptables, y evitar que las normas climáticas aprobadas sean rechazadas en sucesivas legislaturas.

Lección 5.- La imposible objetividad de la Ciencia

La crisis sanitaria ha tenido efectos contradictorios sobre el prestigio de los científicos. Ha mejorado el reconocimiento por la Ciencia, pero a muchos científicos se les ha acusado de ser o demasiado o alarmistas o demasiado optimistas, dando pie a una avalancha de desinformación y teorías de la conspiración.

En el instituto, la Ciencia se presenta como hechos establecidos, más que como un método riguroso de hipótesis, experimentos y pruebas que demuestren o rechacen esas hipótesis, en un proceso inherente de incertidumbre. Algunos se molestan por que las opiniones científicas, en ocasiones, cambien. Y tienden a pensar que la Ciencia está fallando cuando, en realidad, lo que está haciendo es progresar, confirmando algunas hipótesis y rechazando otras. Pero esto puede generar desconfianza, dejando un campo propicio para las teorías de la conspiración.

Desde el mismo momento que el experto, ya sea sobre la crisis de la Covid-19 o sobre la emergencia climática, habla de expectativas, de daños esperados si no se actúa, de cómo cree que deben ser las legislaciones para combatirlas y sus efectos colaterales, el experto está tomando partido. En este contexto, la Ciencia no puede evitar los juicios de valor. Pero deben ser expresados con la máxima transparencia, de manera que queden sujetos al control democrático.

Conclusión

La pandemia de la Covid-19 está siendo un desastre como la humanidad no ha conocido en mucho tiempo. Deberíamos aprender de la experiencia. El artículo arriba mencionado y enlazado describe cómo podemos utilizar lo aprendido de la gestión de la pandemia para enfocar adecuadamente la lucha contra una amenaza existencial para la humanidad: la emergencia climática.

No nos queda demasiado tiempo.

Behavioral Contagion Could Spread the Benefits of a Carbon Tax

Behavioral Contagion Could Spread the Benefits of a Carbon Tax 1024 776 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

THE NEW YORK TIMES

Economic view

It’s not too late to fight climate change with a long-overdue policy that would have surprisingly broad impact, an economist says.

By Robert H. Frank

  • Aug. 19, 2020

« Robert H. Frank, un professeur en économie à l’université américain Cornell, explique dans le New York Times comment une contribution carbone peut changer des comportements individuels par « contagion. » En résumé, cela veut dire que le changement de comportement d’une personne crée un exemple qui inspirera d’autres personnes. Comme exemple, il cite le tabagisme : l’indicateur le plus précis qu’une personne fume est le nombre d’amis qu’il ou elle a qui fument eux-mêmes (il note aussi qu’une tendance similaire existe pour la consommation de viande). Il cite aussi une étude de Bryan Bollinger et Kenneth Gillingham, menée en 2012, qui a prouvé que l’installation de panneaux solaires par une famille donne lieu à une nouvelle installation par une autre famille dans les 4 mois suivants. Cet effet devient vite exponentiel, de sorte qu’après 2 ans, l’installation initiale peut donner lieu à 32 autres au total. Du coup, si une taxe carbone incite une poignée d’individus à changer leurs modes de vie, cela pourrait avoir un effet boule de neige conduisant à des progrès rapides. Pourtant, M. Frank avertit qu’une contribution carbone isolée augmenterait les inégalités. Par conséquent, il déclare la nécessité d’une politique de redistribution, et, en particulier, plaide pour renverser les recettes de la contribution carbone aux citoyen.ne.s sous la forme d’un dividende mensuel. » John Ploeg

Meredith Miotke

The United States has been stalled in its approach to climate change, and with attention so heavily focused on the coronavirus pandemic, this may seem an inauspicious moment for action.

But the shock of the pandemic hasn’t merely upended people’s lives. It may also open doors to policy changes previously considered beyond reach. Economic analysis can help identify the most promising opportunities among them.

The economics of climate change is straightforward. Earth is warming both because greenhouse gases are costly to eliminate and because governments have permitted people to emit them into the atmosphere without penalty.

The classical remedy is a carbon tax, a fee on the carbon content of fossil fuels. Generally levied where fuels are extracted or imported, it discourages carbon emissions by making goods with larger carbon footprints more expensive. The World Bank reports that as of 2019, 57 local, regional and national governments have either enacted some form of carbon tax or plan to do so. When people must pay for their emissions, they quickly discover creative ways to reduce them.

Why, then, hasn’t the United States adopted a carbon tax? One hurdle is the fear that emissions would fall too slowly in response to a carbon tax, that more direct measures are needed. Another difficulty is that political leaders have reason to fear voter opposition to taxation of any kind. But there are persuasive rejoinders to both objections.

Regarding the first, critics are correct that a carbon tax alone won’t parry the climate threat. It is also true that as creatures of habit, humans tend to change their behavior only slowly, even in the face of significant financial incentives. But even small changes in behavior are greatly amplified by behavioral contagion — the social scientist’s term for how ideas and behaviors spread from person to person like infectious diseases. And if a carbon tax were to shift the behavior of some individuals now, those changes would quickly spread more widely.

Décryptage du deal européen – La bataille commence pour le climat

Décryptage du deal européen – La bataille commence pour le climat 1024 598 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Article de Réseau Action Climat concernant le green deal européen.

https://reseauactionclimat.org/decryptage-deal-europeen-bataille-commence-pour-climat/

Europe : le traité sur l’énergie fait obstacle au climat

Europe : le traité sur l’énergie fait obstacle au climat 960 640 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Tribune

LIBERATION

Par Un collectif — 7 juillet 2020 à 17:21

Imaginez que vous viviez dans un pays où les citoyens demandent des mesures drastiques pour lutter contre le changement climatique. Imaginez que le Parlement et le gouvernement aient élaboré un plan audacieux pour éliminer progressivement les combustibles fossiles dans un délai qui permette de maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 1,5 °C. Imaginez enfin que les fonds de relance de la crise du Covid-19 soient utilisés pour accélérer la transition énergétique. Mais soudain, les industries énergétiques décident de tout remettre en cause, décident d’attaquer l’Etat et de lui réclamer des milliards d’euros de dédommagement. Le tout sur la base d’un accord obscur, le traité sur la charte de l’énergie (TCE). Cette histoire semble absurde ? C’est pourtant un risque bien réel.

Nous, eurodéputés de plusieurs pays et de différents groupes politiques, partageons une profonde inquiétude à propos de ce TCE, dont les négociations pour une «modernisation» ont commencé ce lundi 6 juillet. Plusieurs pays européens ont déjà fait l’expérience du caractère profondément antidémocratique et antiéconomique de cet accord international, conçu avant tout pour protéger le secteur des énergies fossiles.

Le TCE limite la capacité de l’Union européenne et de ses Etats membres à modifier les réglementations et les politiques dans le secteur de l’énergie. L’Allemagne a été poursuivie à deux reprises par la multinationale énergétique suédoise Vattenfall. Dans le premier cas, l’entreprise a réussi à assouplir les normes environnementales imposées à une de ses centrales électriques au charbon près de Hambourg. Aujourd’hui, elle réclame plus de 6,1 milliards d’euros pour le manque à gagner lié à deux de ses centrales nucléaires à la suite de l’abandon progressif du nucléaire allemand décidé après la catastrophe de Fukushima. De tels cas pourraient facilement se reproduire lors de l’élimination progressive des combustibles fossiles.

D’autant que la simple menace d’une plainte peut suffire à ce que les Etats renoncent à des mesures ambitieuses pour mettre en œuvre leurs engagements en matière de climat. En 2017, une entreprise canadienne, Vermilion, a menacé le gouvernement français de poursuites dans le cadre du TCE s’il adoptait une loi mettant fin à l’exploration et à l’extraction des combustibles fossiles sur l’ensemble du territoire français d’ici à 2040. A la suite de ces pressions, la loi finale a été modifiée, permettant de continuer à délivrer des permis d’exploitation pétrolière.

Le maintien de la protection des investissements dans les combustibles fossiles augmente considérablement le coût de la transition énergétique pour les contribuables et compromet donc directement l’objectif de neutralité climatique défini dans le «Green Deal», lancé par la présidente de la Commission européenne. Les Pays-Bas ont été mis en demeure, il y a quelques semaines, de régler un différend fondé sur le TCE par la société allemande Uniper, pour un montant pouvant atteindre 1 milliard d’euros, après la décision du pays de supprimer progressivement le charbon pour la production d’électricité. Il faudra sans doute des années pour résoudre un tel cas d’arbitrage, qui sèmera entre-temps l’insécurité parmi les législateurs d’autres pays au risque d’affaiblir ou de retarder les politiques climatiques.

Bien qu’ils soient encore sous le choc de la crise du Covid-19, les pays pourraient connaître un nouveau pic de poursuites de la part des investisseurs en raison des mesures exceptionnelles adoptées ces derniers mois. L’Espagne avait déjà été fortement ciblée après la dernière crise financière. Ce pays est, à ce jour, l’Etat le plus attaqué dans le cadre du TCE, accumulant un total de 48 plaintes, dont 16 ont déjà été résolues en faveur de l’investisseur pour plus de 1 milliard d’euros, soit sept fois le budget que l’Espagne s’est engagée à verser au Fonds vert des Nations unies. Mais il reste 28 réclamations non résolues, ce qui pourrait faire grimper la facture des contribuables espagnols jusqu’à 8 milliards d’euros.

Toutes ces plaintes contre les Etats membres de l’UE devraient démontrer à la Commission européenne que le traité sur la charte de l’énergie est un accord archaïque, incompatible avec la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Pour y parvenir, il faudrait exclure la protection des énergies fossiles du texte. En outre, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats (ISDS), qui permet aux entreprises de réclamer des montants d’indemnisation colossaux, doit être supprimé ou fondamentalement réformé et limité. Mais aucune de ces propositions n’est portée par les signataires du TCE – y compris l’UE. Cela signifie clairement dès le départ que la réforme ne permettra pas de rendre le TCE compatible avec nos engagements en matière de climat ; tout comme elle ne répondra pas aux préoccupations sur l’incompatibilité du mécanisme d’arbitrage entre investisseurs et Etats du TCE avec le droit européen. C’est pourquoi nous demandons instamment à l’UE et aux Etats membres de rehausser l’ambition des propositions qu’ils portent dans le cadre des négociations afin de remédier à ces lacunes, ou d’explorer des options permettant de se retirer conjointement du TCE en cas d’échec des négociations.

Signataires : Marie Arena, S & D (Belgique), Michael Bloss Greens (Allemagne), Saskia Bricmont Greens (Belgique), Pascal Canfin, Renew (France), Anna Cavazzini Greens (Allemagne), Mohammed Chahim S & D (Pays-Bas), Pascal Durand Renew (France), Agnes Jongerius S & D (Pays-Bas), Aurore Lalucq S & D (France), Bernd Lange S & D (Allemagne), Javi Lopez S & D (Espagne), Helmut Scholz GUE (Allemagne), Ernest Urtasun Greens (Espagne), Kathleen Van Brempt S & D (Belgique).

Dividende carbone : une carte à jouer pour l’Europe

Dividende carbone : une carte à jouer pour l’Europe 714 451 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Institut Montaigne

Par Eric Chaney Conseiller économique de l’Institut Montaigne et membre du comité scientifique CCL France

Les pays européens sont parmi les plus susceptibles d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat : les membres de l’Union européenne (UE) ont renouvelé, à la quasi-unanimité (seule la Pologne a fait défaut), leur objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Leurs actions, avec une baisse de 23 % des émissions territoriales depuis 1990, vont en ce sens. Pourtant, à ce stade, l’objectif 2050 paraît encore héroïque. 

Face à l’urgence climatique, les citoyens s’inquiètent et demandent qu’on en fasse plus et plus vite. Les actions à mener sont d’ampleur immense, et les coûts associés très élevés. Pour parvenir à leurs objectifs, les pays européens doivent continuer à sensibiliser les citoyens sur les changements nécessaires dans leurs vies de tous les jours, à mobiliser entreprises et collectivités et à accélérer les politiques de transformation dans les domaines clés que sont l’énergie, les transports, et les modes de production et consommation. C’est l’objectif du pacte vert pour l’Union européenne proposé par la Commission européenne le 11 décembre 2019, qui esquisse une stratégie multiforme et un agenda.

Cette note se propose d’examiner comment l’Union européenne pourrait faire basculer le monde dans la décarbonation, en adoptant une politique fondée sur le prix du carbone, sans mettre à mal son économie, grâce à une redistribution intégrale et décentralisée du dividende carbone permettant que la transition écologique ne soit pas seulement efficace mais aussi équitable.

Le nécessaire prix du carbone

Pour neutraliser les émissions européennes d’ici à 2050, le « plan vert » de la Commission européenne énumère un ensemble d’actions prioritaires. Conçu avant la pandémie, ce plan est aujourd’hui discutable : la crise économique dans laquelle s’enfoncent nos pays est sans précédent et les États n’ont d’autre choix que d’utiliser au mieux l’argent public pour éviter une catastrophe économique et sociale.

Est-ce à dire qu’il y a contradiction entre la lutte contre le réchauffement climatique et le sauvetage de nos économies ? Absolument pas ! Car il manque une dimension essentielle à l’action des 27 États membres, sans laquelle l’objectif 2050 restera lettre morte.

En effet, pour modifier les comportements et les modes de production, une des stratégies les plus efficaces, mais aussi la moins coûteuse, est d’imposer un prix du carbone unique, élevé et croissant dans le temps, de façon à renchérir les biens et services à hauteur des dommages futurs de leur contenu en carbone. Recourir au prix du carbone est d’ailleurs une politique qui gagne du terrain au niveau mondial, et qui figure, entre autres, dans le plan vert de la Commission européenne.

Comme l’Union européenne ne contribue que pour moins de 12 % des émissions dans le monde, son action ne changera qu’à la marge l’évolution du climat mondial.

Les émissions de CO2 par habitant baissent dans les pays industrialisés, pas dans le monde - Graphique

Il est urgent de ramener le plus rapidement possible les émissions à zéro pour l’Union européenne, et de réfléchir aux moyens de réduire le stock (émissions dites négatives). En effet, dans tout scénario plausible, celles de l’Asie et plus encore de l’Afrique ne pourront qu’augmenter à l’avenir, pour des raisons à la fois de développement économique et de démographie. D’ailleurs, une écrasante majorité de pays membres de l’Union européenne à 27, auxquels il faut ajouter le Royaume-Uni, ont réaffirmé leur objectif de neutralité carbone pour 2050, sans pour autant indiquer les moyens concrets d’y parvenir, y compris transferts financiers, ce qui peut expliquer en partie la résistance de la Pologne, seul pays à ne pas l’avoir encore adopté.

Un Européen émet en moyenne 50 % de moins de CO2 qu’un Américain et 42 % de plus qu’un Chinois

Cette vision statique des choses peut décourager les meilleures volontés politiques. Mais en réalité le potentiel est bien plus grand. Si les 27 pays s’accordent sur une trajectoire du prix du carbone élevée, ils devront l’appliquer aussi bien aux produits locaux qu’aux importations, créant ainsi un important « dividende carbone ». L’Union européenne disposerait de ce fait d’un puissant argument pour convaincre ses partenaires commerciaux de suivre la même voie, et, ainsi, de créer un « club climat », pour reprendre l’idée de l’économiste William Nordhaus, lauréat du prix Nobel d’économie en 2018. Aujourd’hui, seule l’Union européenne est en mesure de la mettre en œuvre, car elle est politiquement mûre et a une taille suffisante pour y parvenir.

Comment s’y prendre ?

Il est acquis, au-delà de tout doute raisonnable, que l’augmentation du stock de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et dans les océans, pour le CO2, est la principale cause du changement climatique et écologique en cours. Les changements vont s’accélérer dans les décennies à venir du fait des concentrations déjà atteintes. Ils pourraient avoir des conséquences importantes et même gravissimes pour les générations à venir si l’on ne stabilise pas rapidement le stock de GES (principalement le CO2, qui a un cycle long) dans l’atmosphère.

De ce point de vue, il est encourageant que les émissions de CO2 par habitant baissent depuis dix ans aux États-Unis et dans l’Union européenne, et se soient stabilisées en Chine. Mais si l’inversion de la tendance est une bonne nouvelle, on est encore très loin du compte, si l’on veut parvenir à limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2°C.

Cette note s’intéresse principalement à la réduction des émissions de CO2. Les propositions faites pour le CO2 peuvent aussi s’appliquer aux autres gaz à effet de serre (GES), à commencer par le méthane. L’auteur propose notamment :

  • La création d’une Agence Carbone de l’Union européenne (ACUE), à qui les États confieraient la mission de déterminer la trajectoire du prix du carbone la plus cohérente avec l’objectif de neutralité carbone en 2050.
     
  • En parallèle, cette note propose d’introduire un ajustement aux frontières de l’Union comportant une taxe sur le contenu en carbone des biens et services importés, et de redistribuer l’essentiel du dividende carbone aux ménages sur une base nationale, en tenant compte de la spécificité des différents États en termes de revenu par habitant, mais aussi de part des ressources fossiles domestiques dans le mix énergétique national.
     
  • Enfin, cette note encourage l’Union européenne (UE) à proposer à ses partenaires commerciaux de former un « club climat ». Les partenaires commerciaux de l’UE, membres de ce « club », devraient suivre une trajectoire de prix du carbone similaire à celle de l’UE et seraient en contrepartie exemptés de toute taxe carbone. Les pays non-membres d’un tel club verraient quant à eux leurs exportations vers les pays membres soumises à une taxation.

Convention climat : 150 propositions… mais rien sur la taxe carbone

Convention climat : 150 propositions… mais rien sur la taxe carbone 960 638 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Environnement

Par Coralie Schaub — 18 juin 2020 à 18:31 La Mer de Glace, à Chamonix, en juin 2019. Photo Marco Bertorello. AFP

La Convention citoyenne pour le climat publie ce jeudi ses propositions, qu’elle doit voter ce week-end avant de les remettre à l’exécutif. Parmi elles, une révision de la Constitution ou une obligation de rénovation énergétique globale des bâtiments. Grande absente : la taxe carbone, à l’origine des gilets jaunes.

C’est un document dense, de 250 pages. Fruit des neuf mois de travail des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), il contient leurs 150 (!) propositions, qui doivent permettre de remplir la mission confiée par le gouvernement : «Réduire les émissions de gaz à effet de serre [GES, ndlr] d’au moins 40% d’ici 2030 par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale.» Rendues publiques ce jeudi, elles seront débattues et votées ce week-end, avant d’être remises à l’exécutif.

Révision de la Constitution

Telle une clé de voûte de l’ensemble, «les 150» préconisent d’abord de modifier le préambule et l’article premier de la Constitution, pour y inscrire notamment que «la République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique». Séduisante et consensuelle, l’idée a déjà été défendue par le gouvernement en 2018 et 2019 via le dépôt à l’Assemblée nationale de deux projets de loi constitutionnelle. Et selon certains juristes spécialisés, elle n’apporterait rien de plus que la charte de l’environnement, déjà inscrite dans la Constitution depuis 2005.

Vient ensuite une longue série de propositions thématiques, issues des cinq groupes de travail de la CCC («Se loger», «Consommer», «Se déplacer», «Se nourrir», «Produire et travailler»). La plupart sont en fait des recommandations et seule une cinquantaine dispose d’une «transcription légistique» (juridique). Aucune ne statue sur la taxe carbone, cette taxe sur les émissions de CO2 qui avait été la cible originelle des gilets jaunes, fin 2018, contraignant le gouvernement à annuler sa hausse.

Obligation de rénovation immobilière

Pour le reste, nombre de ces propositions rejoignent ce que réclament les ONG depuis des années. «Quand on donne les informations aux citoyens et qu’on leur laisse le temps de cogiter, ils arrivent aux mêmes conclusions que nous, c’est rassurant et enthousiasmant», estime Anne Bringault, du Réseau Action Climat (RAC), qui fédère 22 associations spécialistes des questions climatiques. La fédération d’ONG trouve certaines propositions «particulièrement structurantes».

Elle applaudit ainsi la mesure phare du groupe «Se loger» : «Rendre obligatoire la rénovation énergétique globale (toit, isolation, fenêtre, chauffage et ventilation mécanique contrôlée [VMC, ndlr]) des bâtiments d’ici 2040.» Sachant que «le parc immobilier français (résidentiel et tertiaire) à lui seul représente 16% des émissions de GES de la France» et que ce grand chantier ne décolle toujours pas, bien qu’il ait été classé «priorité nationale» par les gouvernements successifs depuis 2012.

Les citoyens proposent d’assortir cette obligation de diverses sanctions en cas de non-rénovation, mais aussi d’un «vaste dispositif d’accompagnement», qui «rendra cette rénovation accessible à tous : des moyens financiers publics et privés largement augmentés ainsi que des guichets uniques de proximité pour aider chacun à mettre en place et financer sa rénovation». Guichets uniques déjà prévus par divers dispositifs ces dernières années, sans être efficaces.

«Pas de géant»

Le groupe «Se nourrir» met sur la table moult propositions, allant d’un «bonus de 10 centimes par repas pour les petites cantines bio et locales» à des «chèques alimentaires pour les plus démunis à utiliser dans les Amap ou pour des produits bio», en passant par l’adoption d’une loi «qui pénalise le crime d’écocide». Le RAC salue en particulier l’idée d’augmenter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les engrais azotés, dont la production et l’application dans les champs «constituent une part importante des émissions de GES en agriculture». L’augmentation des coûts de production pour les agriculteurs utilisant ces engrais serait «compensée par les aides au développement des légumineuses», permettant de diminuer le recours aux engrais chimiques et au soja importé pour l’alimentation animale.

A lire aussiBio dans la restauration collective : «L’Etat oublie de répondre à un enjeu de justice sociale»

Le groupe «Consommer» propose, lui, d’«interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires», citant l’exemple des «véhicules consommant plus de 4 L/100 km et/ou émettant plus de 95 g de CO2 au kilomètre». Mesure qui fait écho à certaines idées du groupe «Se déplacer», lequel préconise de «renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte» (en taxant dès 95 g de CO2/km, à 50 euros, pour atteindre un malus de 15 000 euros à 150 g de CO2/km), tout en «augmentant le bonus pour les véhicules peu polluants».

Autres propositions saluées par le RAC : un plan d’investissement massif dans le ferroviaire, l’interdiction de construire de nouveaux aéroports et d’étendre ceux existants ou la non-ratification du Ceta (l’accord commercial décrié entre l’Europe et le Canada). «Si on mettait déjà en œuvre tout ce qu’ils proposent, on ferait un pas de géant», estime Anne Bringault. C’est toute la question.Coralie Schaub

La taxe carbone doit financer un revenu climatique pour tous les citoyens

La taxe carbone doit financer un revenu climatique pour tous les citoyens 720 480 Lobby Climatique Citoyen - CCL France

Reporterre

Taxer la production de carbone à la source ? C’est ce que propose le CCL, le Lobby climatique des citoyens, dont l’auteur de cette tribune est membre. Cette contribution financerait un revenu climatique distribué aux citoyens. L’occasion de mettre cette dette invisible du carbone dans le processus économique.

Brendan Guevel est ingénieur en informatique, et membre de l’association CCL-France, le lobby climatique citoyens.


Alors que la pandémie de Covid-19 touche encore le monde entier, l’économie est à bout de souffle, et la crise climatique, elle, est toujours bien présente. La chancelière allemande, Angela Merkel, ou encore la cheffe du FMI, Kristalina Georgieva, appellent les pays à taxer les émissions de CO2 pour inciter l’argent créé par les banques centrales à être dirigé vers des moyens de production bas carbone. C’est une bonne chose mais il est possible de faire encore mieux : taxer la production de carbone à la source, puis reverser intégralement et équitablement les recettes de cette taxe à la population : c’est le revenu climatique.

Cette solution est soutenue par plus de 3 500 économistes, dont pas moins de 27 prix Nobel. Encore mieux : elle a été adoptée au Canada en 2019, et est en discussion parlementaire aux États-Unis. Une version limitée existe également en Suisse depuis 2008. En Europe, cette mesure plébiscitée par les experts peine à s’imposer. La relance économique constitue une opportunité cruciale de prendre les bonnes mesures aujourd’hui, pour le climat et la société.

Comment fonctionne le revenu climatique? La production de gaz à effet de serre par les industriels forme ce que les économistes appellent une «externalité négative». C’est une forte nuisance pour le bien-être général, mais pour laquelle aucun des acteurs concernés ne paie une quelconque compensation. Faire payer les producteurs pour leurs émissions de CO2 à la source est donc une proposition très sensée : elle ramène cette dette invisible du carbone dans le processus économique. Et ce n’est pas pour rien que l’écrasante majorité des économistes les plus reconnus sont aujourd’hui pour l’instauration d’une taxe carbone pour lutter contre le réchauffement climatique.

Mais qui dit taxe, dit retombées économiques sur le produit final, que le consommateur devra payer. Pour ne pas le pénaliser, il suffit de reverser les recettes de cette taxe à la population!

Cette solution a plusieurs avantages :

  • Elle est socialement égalitaire, car les ménages aisés sont ceux qui consomment le plus de produits carbonés. Leur contribution au revenu climatique sera donc bien supérieure à celle des ménages défavorisés.
  • Les consommateurs qui se tourneront vers des produits moins carbonés verront leur pouvoir d’achat grandement augmenter.

Soumises à ces nouvelles mesures, les entreprises à forte empreinte écologique seront tentées de délocaliser leur production là où cette contribution ne les pénalise pas. Pour éviter cela, un ajustement carbone sera mis en place sur l’importation de produits provenant de pays sans taxe sur le CO2, et un bonus à l’exportation vers ces mêmes pays. L’Union européenne réfléchit d’ailleurs déjà à cet ajustement frontalier, sous le nom de Border Carbon Adjustment, mais doit accélérer sa mise en œuvre.

Cette solution est portée par le Citizens’ climate lobby (CCL), le Lobby climatique des citoyens, une association citoyenne internationale de défense de l’environnement, fondée aux États-Unis en 2007. Elle compte aujourd’hui des branches dans plus d’une cinquantaine de pays, dont la France depuis l’automne 2019.

Son objectif est de former des citoyens bénévoles à entrer en relation avec leurs élus afin de les conseiller dans leur prise de décision. C’est d’ailleurs CCL qui a grandement aidé à l’instauration du revenu climatique au Canada, et qui est actuellement en train de suivre la même voie aux États-Unis avec l’Energy Innovation and Carbon Dividend Act. L’Union européenne pourrait être la suivante!

Déclic

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Pendant leur confinement, 86 étudiant.e.s, soutenu.e.s par 23 professeur.e.s, ont créé un rapport avec 20 recommandations pour des politiques vertes destiné au gouvernement français. Leurs propositions sont divisées en 5 catégories et dans la troisième partie – énergie – le groupe appelle à une taxe carbone dont les revenus seraient reversés aux citoyens.

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